San Cristóbal.- Los presos políticos imputados de rebelión por los hechos ocurridos en la gobernación del estado Táchira el 11 de abril de 2002 arribaron esta mañana a los tribunales de la capital andina, donde se dará inicio al juicio en su contra. Ha pasado más de un año de la privación de la libertad de este grupo.

Los cargos que se imputan a los nueve detenidos son rebelión, lesiones leves, daños a la propiedad y usurpación de funciones, todos acometidos durante los sucesos que tuvieron lugar en la residencia del gobernador el 12 de abril del 2002.

Los detenidos fueron recibidos en los tribunales en medio de una gran concentración opositora para manifestarles su apoyo, mientras efectivos de la Guardia Nacional custodiaban el ingreso de los imputados a los tribunales.

El presidente de FetraTáchira, Saúl Lozano expresó antes de su trasladado a los tribunales que espera que la "justicia venezolana proceda correctamente y nos declare inocentes".  

Aseveró que el proceso del grupo preso por rebelión en el Táchira fue viciado desde el comienzo, "sin embargo, estamos en la recta final y esperamos que la justicia haga su parte y se puede confiar en los tribunales tachirenses, aunque estén amañados y totalmente regidos por el gobierno".

Informó que padece de hernias discales y no ha podido ser intervenido porque los tribunales no han querido emitir la orden. Lozano envió un mensaje de esperanza a sus familiares y recalcó que "son inocentes".

Por su parte, Elsy de Peña dijo en entrevista a Unión Radio que cada vez que deben trasladarlos teme que se atente contra su vida. "No sabemos que pueda suceder porque se puede presumir un supuesto rescate y pueden decir que nos fugamos y entonces sea cuando nos maten", dijo.

Los abogados defensores -entre quienes están Carlos Bastidas, María de los Ángeles González y Pedro Rey- confían en que la justicia reconocerá que lo sucedido el 11 de abril de 2002 "fue una manifestación espontánea".

Explicaron a Globovisión que el juicio oral y público estará a cargo de un tribunal mixto integrado por un juez profesional y dos escabinos. "Estamos seguros que tenemos nueve personas inocentes en el banquillos de los acusados", manifestaron los defensores.

El 11 de junio del 2003 el juez octavo de control, Jorge Ochoa, ordenó la detención preventiva del concejal del municipio San Cristóbal por Copei, Wilfrido Tovar; el presidente del Colegio de Abogados del estado Táchira, José Neira Celis; la ex-consultora de Consejo Legislativo Regional, Elsy de Peña; el funcionario del Consejo Legislativo, Omar Guillén; el directivo del Sindicato de la Educación de Táchira, Orlando Pantaleón; el presidente de FetraTáchira, Saúl Lozano; y los empresarios Jacobo Supelano, William Forero y Jorge Inojosa.