JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL
Horas antes de conmemorar su primer año tras las rejas,
la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó
liberar a los nueve tachirenses arrestados, por su supuesta
participación en los hechos ocurridos en la Gobernación
de ese estado durante abril de 2002. Sin embargo, le ordenó
al Tribunal 2° de Juicio de esa entidad andina que convoque
la primera audiencia del juicio oral y público, 8 días
después de recibidos los expedientes.
La decisión es la respuesta a la solicitud de avocamiento
que la defensa de los detenidos introdujo hace dos meses y
en la cual denunciaban una serie de vicios que se habrían
cometido en el proceso, entre los que destacaron el hecho
de que el juez segundo de juicio, Gerson Niño, postergó
por cuatro meses la celebración del juicio, sin ningún
tipo de justificación.
Si bien los magistrados Alejandro Angulo Fontiveros y Rafael
Pérez Perdomo (ponente) admitieron que el diferimiento
era un hecho irregular, estimaron que no era motivo suficiente
para acordar medidas sustitutivas. La defensa solicitaba
la prohibición de salida del país y la presentación
semanal ante el tribunal, a cambio de la liberación
de sus clientes.
El fallo no contó con el respaldo de la magistrada
Blanca Rosa Mármol de León. Fuentes cercanas
al TSJ, aseguraron que la disidente era partidaria de
que Elsy Márquez, Wilfredo Tovar, Jacobo Superlano,
William Forero, Omar Guillén, José Neira Celis,
Orlando Pantaleón, Saúl Lozano y Danny Ramírez
fuesen juzgados en libertad, pues estimaba que no había
peligro de fuga ni de obstrucción de la investigación.
Una de cal y otra de arena
La decisión de la Sala Penal del máximo juzgado
del país fue recibida como una victoria agridulce
por el defensor de los tachirenses detenidos, José
Luis Tamayo, quien afirmó que "recibimos con
beneplácito que se ponga coto al diferimiento
indefinido de los juicios. Aunque lamentamos que la
mayoría de la Sala no acordase la libertad".
Tamayo espera que el juez Niño acate la sentencia
del TSJ y que no vuelva a posponer el juicio, como
lo hizo días antes del primero de marzo (fecha
de la primera audiencia), cuando decidió fijarlo
para el 28 de junio, aduciendo que tenía otros
casos que resolver.
El abogado advirtió que en caso contrario
el titular del Tribunal 2° de Juicio del
Táchira estaría incurriendo en "desacato",
lo cual, además de conllevar responsabilidades
civiles, penales y administrativas, suspondría
un nuevo elemento para que un nuevo juez deje
en libertad a sus defendidos, pues "se demostraría
que había intenciones de demorar el análisis
del caso".
Seguidamente negó que sus clientes hayan
incurrido en el delito de rebelión civil,
como lo asegura el Ministerio Público.
"No hay rebelión civil, pues en lo sucesos
escenificados en la Gobernación no se utilizaron
armas y eso es fundamental para imputar a alquien
por ese delito".
Por último, Tamayo informó que
en dos semanas debería estar iniciándose
el juicio. "El Tribunal del Táchira debe
recibir el expediente de la Sala Penal, esos
trámites administrativos pueden demorar
una semana. Después de recibirlos debe
convocar la audiencia oral y pública
dentro de los ocho días siguientes, tal
y como se lo ordenaron los magistrados".
jalonso@eluniversal.com
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