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Caracas, domingo 06 de junio, 2004  
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Expediente
Perseguidos
El caso de los paramilitares ha abierto una nueva oleada represiva en el sector militar. van 18 oficiales imputados por conspiración e instigación a la rebelión

FRANCISCO OLIVARES

EL UNIVERSAL

El sector que, sin duda, más ha sentido la mano dura del Gobierno es el militar, aunque paradójicamente este sea el régimen más militarizado que haya tenido Venezuela en 45 años y esté encabezado por un militar retirado.

El tema de la presencia de paramilitares colombianos en el país ha desatado una nueva cacería de brujas dentro de las filas castrenses contra todo aquel militar sospechoso de simpatizar con la oposición.

Desde el domingo 9 de mayo, cuando fue detectado un grupo de más de una centena de supuestos paramilitares, hasta la fecha, al menos a dieciocho oficiales, la mayoría activos, se les ha abierto una investigación por rebelión militar y conspiración, acusados de estar vinculados con el grupo colombiano. La mayoría de ellos se encuentra detenida en el centro de reclusión militar de Ramo Verde.

Estos oficiales se agregan a la larga lista de perseguidos militares entre los que se destacan unos 200, pasados a consejo de investigación por firmar en algunos de los eventos de recolección de la oposición. De ellos, 56 están actualmente en proceso, otros ya han sido dados de baja y otro grupo fue relegado a labores administrativas o permanecen en sus casas sin cargo alguno.

Asimismo hay que resaltar la purga que se realizó en la FAN, que alcanzó a unos 900 oficiales que se pronunciaron el 11 de abril de 2002 y otros que se agregaron durante el pronunciamiento del 22 de octubre de ese año en la plaza Francia de Altamira.

Los paramilitares
A los dos días de haber sido capturados los presuntos paramilitares en la finca Daktari de El Hatillo, comenzaron las detenciones ordenadas por la fiscalía militar y practicadas por la Disip y la DIM.

Los primeros en ser detenidos el día 10 de mayo fueron los coroneles (GN) Jesús Farías, Antonio Semprum Valecillos y Blas de Sousa Freites, los teniente coroneles Miguel Prieto Morales y Jesús Fuentes Marval, y el capitán Anderson Díaz Salas. El día 11 de mayo le tocó el turno a los coroneles (AV) Pedro Pico Guerrero, (GN) Jesús Castro Yelles y el capitán (GN) Francisco Javier Nieto.

A este grupo siguió otra lista de detenidos entre los que destacan el caso del ex ministro de Finanzas, general de brigada Francisco Usón Ramírez.

Francisco Usón fue detenido en la ciudad de Puerto Ordaz por efectivos de la Guardia Nacional pertenecientes al CORE 8 el día 22 de mayo. La razón de su detención tuvo que ver tanto con sus opiniones emitidas en el caso de los soldados quemados en Fuerte Mara como por su supuesta vinculación con los paramilitares de El Hatillo.

Usón no portaba armamento cuando fue capturado y trabajaba en logística de la Coordinadora Democrática con motivo de la jornada de reparos.

Del grupo de militares ligados a los pronunciamientos de la plaza Francia están solicitados con orden de captura los generales (r) Néstor González González, y Ovidio Pogiolli, cuya vivienda fue allanada por la DIM. Trascendió que la lista con solicitud de captura de los militares dados de baja por los sucesos del 11A, ahora señalados en el caso de los paramilitares, seguirá en aumento. Del grupo de Altamira también han sido involucrados el coronel Giusseppe Pilliery, acusado en el caso de las bombas de las embajadas y también fue señalado el general (r) Felipe Rodríguez.

Entre detenidos y solicitados a las listas se agregan los oficiales cap. Douglas Pérez Pérez, cap (Ej) Rafael Farías Villasmil, Tcnel. Jesús Fuentes Marval; Tcnel. Miguel Prieto Montes; y coronel Orlando Castro Yesgra.

Un caso que llama la atención es el del general (r) (GN) Oscar Márquez, quien se pronunció durante los sucesos del 22 de octubre en la plaza Francia, ya que sin ser notificado se enteró por una fuente amiga que estaba en fase de imputación por instigación a la rebelión y conspiración, presuntamente por el caso de los paramilitares.

Coacción
Los expedientes han podido ser vistos sólo parcialmente por los abogados que atienden los casos de estos oficiales. En ellos, aparentemente, no hay elementos de juicio que sostengan esas acusaciones, de allí que la fiscalía militar se haya valido de testimonios de terceros para inculpar a los indiciados, según coinciden los defensores.

Un caso preocupante es la denuncia que trascendió a los medios de información según la cual el teniente (GN) Julio César Martínez Higuera se le arrancó una confesión forzoza ordenada desde el más alto nivel para involucrar a disidentes del Gobierno en el caso de los paramilitares. Su caso está en manos de abogados luego de que el oficial consignara un escrito ante el fiscal militar donde denunció la tortura sicológica de la que fuera víctima al tiempo que se retractaba de la confesión obligada que hiciera contra otros compañeros de armas.

Disip en acción
El abogado Alonso Medina Roa, quien defiende a dos oficiales también involucrados en el caso de los paramilitares, notificó en un escrito la injerencia de la Disip según la cual el director de ese cuerpo, Miguel Rodríguez Torres, invitó a los defendidos por Medina a que involucren en el expediente a otros disidentes y dirigentes políticos a cambio de salir en libertad.



Ver también:
- Puntos en común
- Bajo la dictadura judicial
- El preso más antiguo

 
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