El informe de AI, titulado "Resonaron las voces de los jamás escuchados", relata una situación preocupante, en el marco de una "polarización política que siguió desestabilizando a Venezuela". Amnistía Internacional denuncia que "no se procesó a los responsables de los homicidios y daños físicos sufridos por numerosas personas durante el intento de golpe de Estado del 11 de abril de 2002".

"No hubo sentencias condenatorias contra los responsables de la muerte de al menos 50 personas y de las lesiones físicas sufridas por muchas otras durante el intento de golpe de Estado". Y se añade: "Pese a la existencia de una considerable cantidad de pruebas, la calidad de los procesamientos y el papel desempeñado por el Poder Judicial plantearon serias dudas acerca de la voluntad o la capacidad del Estado para garantizar justicia". Como ejemplo se da el de los acusados de disparar contra policías y manifestantes desde el puente Llaguno, en Caracas, que fueron absueltos con el argumento de que actuaron en defensa propia.

Se recogen indicios de "torturas de presuntos delincuentes por parte de la policía" y se destacan "las malas condiciones de reclusión y los problemas de hacinamiento" en las cárceles del país, que "provocaron frecuentes protestas de los presos".

Entre los hechos más destacables se señala el asesinato del defensor de los derechos humanos, José Luis Castillo, que murió por los disparos de dos hombres armados en Machiques, en el Estado Zulia, y el acoso y amenazas contra numerosos activistas.

Además, "hubo informes de homicidios políticos en la región fronteriza con Colombia" y de que "seguían en peligro muchas de las personas que huían del conflicto colombiano", y de la presencia de grupos guerrilleros y paramilitares colombianos en Venezuela.

En el apartado de los medios de prensa se reseña que varios periodistas fueron "amenazados y agredidos, pero al parecer las autoridades no lleva ron a cabo investigaciones eficaces".

En general se señala que los derechos humanos siguen "sacrificándose en nombre de la seguridad" en los países de América Latina.

Esta organización humanitaria también destaca los esfuerzos desplegados en algunos países para combatir las violaciones de los DDHH.