YOLANDA OJEDA REYES
EL UNIVERSAL

Por primera vez en 50 años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elabora un informe dedicado a Venezuela en cuyas conclusiones se refiere al deterioro acelerado de la administración de justicia, a la impunidad y a la "práctica de tortura", lo que agrava "el derecho a la vida".

"El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos, por lo que en consideración a su importancia y a la especial coyuntura que atraviesa el Estado de Derecho en Venezuela, justifican y motivan la necesidad de que la CIDH realice un análisis especial sobre su vigencia".

En primer término se refieren a los grupos exterminio por lo que alertan a las autoridades a adoptar medidas efectivas para combatir ese problema. En la visita que hizo la Comisión en mayo de 2002, ésta recibió abundante información respecto de la actuación de estos grupos en varias regiones del país.

"Se han reseñado públicamente más de trescientos casos de personas asesinadas extrajudicialmente por grupos parapoliciales, entre ellas aproximadamente catorce personas asesinadas eran testigos de tales ejecuciones. Asimismo, la escalada de violencia determinó que unas 55 personas fueran asesinadas en hechos de violencia callejera y que más de quinientas personas murieran en presuntos enfrentamientos, sin que se hayan esclarecido".

La CIDH recomienda que se realicen investigaciones serias, exhaustivas, conclusivas e imparciales en todos los casos de ejecuciones extrajudiciales; que se repare adecuadamente a los familiares y víctimas y se otorguen medidas efectivas de protección a los testigos y familiares.

La tortura
La CIDH consideró oportuno desarrollar en el informe la situación del derecho a la integridad personal. "La Comisión pudo analizar información de numerosas fuentes, acerca de la práctica de tortura en Venezuela" y la preocupación radica en que no existe una legislación que sancione los casos de tortura en Venezuela, aspecto que la CIDH considera una mora legislativa de serias consecuencias en la materia. Recomienda que la Fiscalía General emprenda una investigación exhaustiva de todas las denuncias de abusos contra la integridad personal, especialmente con respecto a las personas privadas de libertad por parte de miembros de la Guardia Nacional y de vigilantes adscritos a la Dirección de Prisiones del Ministerio de Interior y Justicia.

Fuerza armada
La Comisión señala que en un sistema democrático es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas ya que se trata de dos instituciones sustancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación. La adopción de las medidas necesarias para evitar la intervención de la Fuerza Armada en operaciones de seguridad pública en circunstancias no excepcionales y para evitar un uso no proporcional de la fuerza pública.

La CIDH recomienda establecer políticas de seguridad pública destinadas a lograr una efectiva coordinación de las distintas fuerzas encargadas de la seguridad pública, así como coordinar acciones de seguridad con el alcalde metropolitano, en su condición de jefe de la Policía Metropolitana, e intensificar los esfuerzos para la capacitación de los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado en materia de derechos humanos, y poner en práctica mecanismos de sanción y remoción de miembros involucrados en esas violaciones durante el ejercicio de sus funciones.

Justicia
La CIDH señala que "mayoría de las violaciones a los derechos humanos se refieren a infracciones de las obligaciones del Estado venezolano de prevenir e investigar los delitos y castigar a los culpables, generando situaciones de impunidad", lo que lleva a la sociedad venezolana a una pérdida de confianza en el sistema de justicia y al recrudecimiento de la violencia engendrándose un círculo vicioso de impunidad. "La impunidad genera responsabilidad internacional para el Estado, aun cuando se trate de crímenes cometidos por delincuentes comunes que no sean agentes estatales, cuando el Estado no cumple con su obligación internacional de efectuar una investigación seria, imparcial y efectiva de los hechos ocurridos, con el objeto de sancionar a los responsables".

La CIDH expresa que la vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático requiere un orden jurídico e institucional en el que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes, que exista un control judicial y legalidad de los actos del poder público, presupone el respeto del Estado de Derecho.