TERESA DE VINCENZO
EL UNIVERSAL

En materia de libertad de expresión, la CIDH y la Relatoría identificaron tres áreas de especial atención en el país: amenazas contra comunicadores sociales, existencia de proyectos de ley que de aplicarse podrían afectar el ejercicio de ese derecho y la iniciación de procesos administrativos (por parte de Conatel y el Ministerio de Infraestructura) relacionados con el contenido de la programación de medios de comunicación.

Sostiene el informe que los actos de hostigamiento contra comunicadores afectan principalmente a aquellos que trabajan en la calle, que ha habido una falta de investigación en relación con dichas amenazas y que los procedimientos legales se han aplicado a través de una legislación que es contraria al sistema interamericano.

La Comisión asegura que ¿ha podido constatar el carácter tendencioso de algunos medios de comunicación en Venezuela, reflejo de la extrema polarización del país¿, y respecto a eso, mencionó haber observado ¿con preocupación la escasa, o en ciertos momentos nula, información en que se encontró la sociedad venezolana en los días de la crisis institucional de abril pasado¿.

El texto apunta a que ¿aunque puedan existir múltiples justificaciones para explicar esta falta de información, en la medida en que haya resultado de decisiones editoriales motivadas por razones políticas, ello debe ser objeto de un indispensable proceso de reflexión por parte de los medios venezolanos acerca de su rol en tal momento¿.

El informe nombra a los comunicadores y medios objetos de agresiones físicas y destaca el incumplimiento por parte del Estado de medidas provisionales y cautelares solicitadas para algunos periodistas.
Las recomendaciones de la CIDH, en virtud de las anteriores consideraciones, son muy específicas, e incluyen: adoptar de manera urgente medidas a fin de que cesen los ataques contra periodistas, camarógrafos y fotógrafos, políticos de oposición y defensores de derechos humanos; realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas del asesinato, ataques e intimidaciones a trabajadores de la comunicación; que el Gobierno condene los ataques a la prensa para prevenir acciones que fomenten estos crímenes y promover la derogación de leyes que consagren la figura del desacato.