La comunicación comienza diciendo textualmente "(...) tengo el honor de dirigirme a usted en la oportunidad de informarle que el 12 de abril de 2002, a media mañana, recibí una llamada telefónica del Gral. Brig. Luis Eduardo Itriago Tinedo, donde me manifestaba que tenía un grave problema en su Guarnición (San Cristóbal) en virtud de que el ciudadano Ronald Blanco La Cruz, gobernador del estado Táchira, había manifestado que no quería gobernar en un gobierno de facto y que pedía que lo trasladaran a donde tenían detenido al señor presidente de la República Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías; lo cual complicaba la situación de conflictividad que vivía la región".

López Hidalgo dice en su comunicación que en el Táchira "(...) se habían organizado grupos antagónicos, unos de la oposición al actual gobierno y otros a favor, en procura de asumir el control de la Gobernación, ante el supuesto vacío de poder que generaba la actitud obvia asumida por el gobernador, de no querer gobernar en las condiciones en que se encontraba el país, violándose el estado de derecho. Además, el Gral. Brig. (EJ) Itriago Tinedo me informó que el gobernador había manifestado que lo trajeran a donde se encontraba detenido el señor Presidente".

Invención judicial
Fidel Sánchez, uno de los abogados defensores de los imputados, sostiene que el juicio que se sigue por los sucesos del 12 de abril es una invención jurídica, que se fundamenta sobre supuestos y falsedades.

"Ninguno de los delitos que se les ha imputado puede ser probado en un juicio. No hubo lesiones personales al gobernador Ronald Blanco La Cruz, porque no hay un examen forense que demuestra cuáles fueron las supuestas lesiones. Y no hubo examen porque no hubo lesiones (...) No hubo usurpación de funciones, porque aquí nadie se juramentó en algún cargo. Nadie tomó posesión de algún cargo y nadie firmó algún papel sustituyendo a algún empleado público (...) La rebelión civil supone uso de armas de fuego y deposición de un gobierno y nada de eso ocurrió aquí"._GAA