GUSTAVO AZOCAR ALCALA
ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL
San Cristóbal.- El abogado Domingo Hernández,
quien hasta mediados del mes de julio se desempeñó
como fiscal Superior del Estado Táchira, retomó ayer
sus funciones para asumir la acusación presentada por el
juez Octavo de Control, Jorge Ochoa Arroyave, contra más
de un centenar de personas por el presunto delito de rebelión
civil, en el juicio que se sigue desde el 11 de junio contra
los imputados por los acontecimientos ocurridos en la residencia
del gobernador el 12 de abril de 2002.
Fuentes vinculadas con la Fiscalía señalaron que
Hernández, quien aparentemente había sido desincorporado
de su cargo por órdenes superiores, regresó a su
despacho con instrucciones precisas de hacerse cargo de la
acusación que formuló el fiscal Séptimo, Jorge
García Ferreti, contra una veintena de personas por el
presunto delito de rebelión civil, así como también
de la acusación formulada por el juez Jorge Ochoa contra
otras 90 personas por el presunto delito de omisión de
denuncia.
Uno de los siete abogados defensores de los imputados por
los hechos del 12 de abril, quien prefirió mantener
el anonimato en razón de haber sido amenazado por el
juez Jorge Ochoa, dijo que el regreso de Domingo Hernández
a la Fiscalía Superior "es una clara demostración
de las irregularidades que se vienen presentando en el Estado
Táchira, no solamente a escala de tribunales sino también
en el seno del Ministerio Público, por cuanto no es
normal que se destituya a un fiscal y posteriormente se
le vuelva a nombrar en el cargo".
El abogado defensor dijo que "la Fiscalía ha intentado
encontrar fiscales tachirenses muy sumisos, que sólo
acaten órdenes, para que se hagan cargo del caso
pero no los ha encontrado".
El jurista dijo que "la misma situación se está
presentando con los jueces. No hay un solo juez tachirense
que se haya querido encargar del expediente, porque
saben que este es un juicio político".
El abogado defensor remató diciendo que en el
Estado Táchira no hay condiciones para que este
juicio se siga llevando a cabo.
"El fiscal Superior es primo hermano del coronel
Jaime José Escalante, quien hasta hace unos
pocos meses sedesempeñó como secretario
general de gobierno y mano derecha de Ronald Blanco
La Cruz. La pregunta es: ¿como puede ser acusador
el familiar de un empleado de la presunta víctima?",
puntualizó el abogado.
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