GUSTAVO AZOCAR ALCALA
EL UNIVERSAL
San Cristóbal.- Los abogados defensores de
los imputados por los sucesos ocurridos el 12 de abril de 2002
en la residencia oficial de gobernadores del Estado Táchira,
acusarán ante la Inspectoría General de Tribunales
al juez octavo de control, Jorge Ochoa Arroyave, a quien señalan
de violentar expresas normas y procedimientos establecidos en
el Código Orgánico Procesal Penal y en la Constitución.
Carlos Macero y Omar Silva, dos de los abogados defensores
de los trece primeros imputados por el presunto delito de
rebelión civil, dijeron que el juez Ochoa le pasó
por encima al COPP y a la Constitución, violando incluso
los derechos humanos de los procesados, al mantenerlos detenidos
desde hace más de ochenta días, sin que hayan habido
razones legales para ello, por cuanto los presuntos delitos
que se les imputan no se encuentran suficientemente sustentados
en el expediente y peor aún, no existió laflagrancia,
que es una de lascondiciones establecidas en la norma para
dictar la detención preventiva de una persona.
Macero y Silva sostienen que "...el juez Ochoa ha manejado
este asunto como un verdadero principiante. Pareciera no
tener ni la más mínima idea de cómo se conduce
un juicio. Aparte de eso ha demostrado una parcialidad evidente
que lo inhabilita para seguir conociendo este caso. No ha
respetado la norma ni los procedimientos, se ha saltado
a la torera el debido proceso, ha irrespetado a los imputados
y a los abogados defensores y por si fuera poco, se acaba
de constituir en acusador de un grupo de personas, a pesar
de que la ley le reserva el monopolio de la acusación
a la Fiscalía del Ministerio Público...".
Los abogados dijeron que el juez desestimó los delitos
de daños personales, lesiones a la propiedad y usurpación
de funciones porque se dio cuenta que en el expediente
no hay una sola prueba para sustentar tales acusaciones.
"...Si este fuese un juez serio y responsable, habría
dejado en libertad inmediatamente a los imputados, pero
como todo esto se ha convertido en un juicio político,
donde las presiones son muchas, prefirió desechar
los primeros tres delitos y dejar la Rebelión Civil...".
Macero dijo que el juez mantuvo el presunto delito
de Rebelión Civil, amparándose en algo que
es indemostrable, como por ejemplo la supuesta presión
psicológica que un grupo de manifestantes ejerció
contra el gobernador. "...El juez dice que el 12 de
abril hubo Rebelión Civil, porque un grupo de personas
se fue a manifestar en la Residencia de Gobernadores
y le pidió la renuncia al gobernador".
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