GUSTAVO AZOCAR ALCALA
EL UNIVERSAL
El juez octavo de Control de la Circunscripción
Judicial del Estado Táchira, Jorge Ochoa Arroyave, ratificó
la detención de ocho de los trece imputados por los acontecimientos
ocurridos el 12 de abril en la residencia oficial de gobernadores
y acusó a otras sesenta personas, entre quienes se encuentran
militares, empresarios, dirigentes políticos y periodistas,
por el presunto delito de rebelión civil.
La decisión del juez Ochoa afecta en principio a ocho
personas que ya estaban detenidas en la cárcel de Santa
Ana, stas son: Elsy de Peña, Orlando Pantaleón,
Saúl Lozano, Jacobo Supelano, Jorge Hinojosa, Omar Guillén,
Wilfrido Tovar y José Neira Celis.
El juez Ochoa desechó la acusación planteada
por la Fiscalía del Ministerio Público en torno
de los delitos de lesiones personales, daños a la propiedad
y usurpación de funciones, y admitió solamente
la acusación por el delito de rebelión civil,
el cual contempla una pena de 24 años. El jurista,
quien por cierto fue recusado por los abogados defensores
de los imputados y denunciado por la forma un tanto irregular
como ha venido manejando el juicio, admitió el sobreseimiento
planteado por el fiscal séptimo Jorge García Ferreti
contra otro grupo de trece personas por los delitos de lesiones
personales, daños a la propiedad y usurpación
de funciones; pero al mismo tiempo también ordenó
la apertura de un juicio contra ellas por el presunto delito
de rebelión civil.
El abogado Fidel Sánchez, uno de los miembros del
equipo jurídico de la defensa, consideró la
decisión del juez Ochoa como un verdadero "ex abrupto"
jurídico y anunció que apelarán ante las
instancias correspondientes.
"El monopolio de la acusación lo tiene la Fiscalía
del Ministerio Público, y mal puede un juez convertirse
en acusador. Además, en el expediente no hay una
sola prueba sobre el presunto delito de rebelión
civil", dijo Sánchez.
Por otro lado, el juez Ochoa acordó exhortar
a la Fiscalía a investigar al fiscal Jesús
Alberto Southerland, fiscal séptimo, y quien
tuvo a su cargo la investigación del caso. Southerland
acusó a 13 personas relacionadas con los hechos
del 12A.
A la salida de los imputados, un agente de seguridad
del Tribunal agredió a la periodista Fabiola
Niño, de Televen, propinándole un fuerte
puñetazo en la cara, según informó
la propia reportera.