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Caracas, sábado 23 de agosto, 2003  
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Desacato al amparo acarreará sanciones jurídicas


MARIA YOLANDA GARCIA

EL UNIVERSAL

La decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en relación con los médicos extranjeros que actualmente trabajan en el plan Barrio Adentro es de obligatorio cumplimiento tanto para el Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano como para la Alcaldía del Municipio Libertador, órganos que suscribieron el convenio. De no cumplir con lo ordenado en esta disposición emanada del alto tribunal, los representantes de estas entidades incurrirán en desacato y serán objeto de sanciones, según está especificado en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo y Garantías Constitucionales.

La Corte Primero ordenó la sustitución de los médicos cubanos por extranjeros o venezolanos que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Ejercicio de la Medicina y les suspendió el plácet a los antilanos.

Si alguna de las partes _en este caso el Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano_ se encuentra en desacuerdo con la medida precautelativa, deberá interponer un recurso de oposición ante la Corte Primera.

El órgano judicial tiene tres opciones: modificar, ratificar o revocar la medida. Si ratifica la decisión los oponentes podrán entonces apelar ante la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Mientras, el dictamen debe ser acatado.

Frente a un amparo cautelar, como es el caso en esta oportunidad, se ejerce un recurso de oposición porque se abre lo que se denomina una 'incidencia procedimental'. El juez, ante la presunción de que se esté violando un derecho constitucional y siguiendo una jurisprudencia del TSJ que se llama Marvin Enrique Sierra, estudia la situación jurídica y suspenden los efectos hasta tanto se decida el fondo. En este caso el derecho que se presume violentado es el de la igualdad de tratamiento.

Discriminación

El amparo suspende el plácet otorgado a los médicos cubanos que trabajan en el plan Barrio Adentro y ordena que los galenos extranjeros sean sustituidos por médicos, ya sea extranjeros o venezolanos que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Ejercicio de la Medicina. En ningún momento se pronuncia sobre el proyecto en sí, sino al hecho de que los médicos extranjeros _cualquiera sea su nacionalidad_ deben haber revalidado la carrera.

La Ley de Ejercicio de la Medicina, señala, efectivamente distingue entre médicos de concurso y contratados.

El artículo 4 de esta ley considera como médicos venezolanos 'a todos aquellos que efectivamente, hayan obtenido ese título, con independencia de su nacionalidad' y dice que 'cualquier persona que haya obtenido el título de médico en universidad extranjera sin cumplir los requisitos exigidos en esta ley, está incapacitado para prestar servicios en Venezuela'.

Según el artículo 7 de la Ley de Ejercicio de la Medicina, se harán excepciones a los galenos extranjeros que hayan sido contratados por el Ejecutivo para labores de investigación, docencia o sanitarias. La Federación alegó que ninguna de estas situaciones se produce y que, mientras los médicos venezolanos deben cumplir con todos los dispositivos legales, a los galenos cubanos se les otorgó un plácet, como carta blanca, lo que sería discriminatorio.




 

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