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Caracas, jueves 15 de agosto, 2002  
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DECISION POLEMICA / Plena estimó lícito desobedecer activación del Plan Avila
TSJ allanó camino para enjuiciar al presidente Hugo Chávez
Once de los 19 magistrados libraron de un juicio por rebelión a los generales de división Efraín Vásquez (Ej) y Pedro Pereira (Av), vicealmirante Héctor Ramírez y contraalmirante Daniel Comisso

IRMA ALVAREZ

EL UNIVERSAL

Un día antes de que comenzaran las vacaciones judiciales, el Tribunal Supremo de Justicia allanó el camino para enjuiciar al presidente Hugo Chávez Frías, por las muertes y hechos de violencia de abril.

Once de los 19 magistrados (son 20) de la Sala Plena no sólo libraron de un juicio por rebelión al general de división (Ej) Efraín Vásquez Velasco, general de división (Av) Pedro Pereira, vicealmirante Héctor Ramírez Pérez y contraalmirante Daniel Comisso.

De acuerdo con la sentencia de 76 páginas, que redactó el magistrado Franklin Arrieche Gutiérrez, 'con los pronunciamientos efectuados en abril, los altos oficiales acusados no desconocieron al Gobierno, sino la orden dictada por el presidente de la República de aplicar el Plan Avila, porque resultaba contraria a la protección de los derechos humanos de la ciudadanía y ello significaría una masacre'.

'(...) También se repudió el genocidio perpetrado por los círculos oficialistas contra la sociedad civil indefensa'.

Subrayó la Sala Plena que 'ninguno de los pronunciamientos de los imputados tuvo la intención de impedir o dificultar el ejercicio del Gobierno, sino que cada uno de ellos tuvo como causa unos hechos de violencia que se estaban produciendo en el país como consecuencia de la marcha del 11 de abril y de la implementación del Plan Avila'.

A esto agregaron que 'el comunicado leído por el general en jefe Lucas Rincón, a las 2:30 am del 12 de abril, tiene que ser interpretado en el sentido de que el Alto Mando Militar tampoco estaba de acuerdo con la implementación de las actividades denunciadas por los imputados y que además también hacía responsable al Presidente de tales circunstancias, al punto que solicitó su renuncia'.

Para los magistrados no pudo haberse cometido el delito de rebelión militar, previsto en el artículo 476 del Código Orgánico de Justicia Militar, 'ya que el hecho de ordenar la permanencia de las unidades en sus sedes, lejos de significar una movilización militar se traduce en lo contrario'.

Por todo lo anterior, estimaron que 'no queda otro camino sino concluir que los eventos fueron de tal gravedad que pudieron justificar la conducta de los imputados, al creer lícita su forma de proceder'.

Quienes objetaron el pronunciamiento alegaron, entre otros, que el TSJ sólo tenía que limitarse a desestimar la solicitud del fiscal de enjuiciar a los acusados por rebelión.

Pero el magistrado Arrieche destacó en la ponencia que 'la Sala Plena no puede pasar por alto la gravedad de la situación que vivió Venezuela durante los primeros días de abril de 2002, los cuales tuvieron reflejo en la comunidad internacional al punto que la OEA emitió un comunicado de prensa en el cual expresó su más enérgica condena por los hechos de violencia que costaron la vida de al menos 15 personas y causaron heridas a más de un centenar; e incluso advirtió que los hechos sucedidos configurarían los supuestos de interrupción del orden constitucional, contemplados en la Carta Democrática' (negritas colocadas por Sala Plena).

Acto seguido resaltó el primer vicepresidente del Alto Juzgado que 'se pretendió hacer ver a la opinión pública que el TSJ no tomaba en cuenta los hechos que el fiscal y otros factores de la vida nacional califican como delito de rebelión', razón por la cual decidieron 'no dejar con la incógnita al país y la comunidad internacional sobre la valoración que el Alto Juzgado hace sobre los hechos'.

Ver también:



Ver también:
- Del caso militar al de las víctimas del 11A
- Las derrotas del mandatario
- El cambio de ser sólo una sospecha
- En zona buena

 

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