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Caracas, jueves 15 de agosto, 2002  
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ANALISIS
En zona buena


Gustavo Linares Benzo

La sentencia de ayer sobre los hechos del 11A, relacionados con altos oficiales de la Fuerza Armada, venía rodeada de un clima tal que no podía ser sino de sobreseimiento. Ese clima es sobre todo confuso: nada más hay que recordar al general en jefe, flanqueado del Alto Mando, madrugando a los venezolanos con la noticia de que el Presidente había renunciado. Con independencia de la validez de esa renuncia era imposible imaginar un hecho de mayor efecto para crear un vacío de poder sobre el cual cada venezolano debía actuar. Fue en ese vacío que nos movimos durante los siguientes dos días; si algo se sabía a ciencia cierta era que el más alto jerarca visible anunció la acefalía de la jefatura del Estado. A partir de allí la conducta de los militares enjuiciados, si tenía que ser evaluada penalmente, respondía a un hecho: no había nadie en Miraflores.

Ya en el campo penal, ocho mil años de historia hacían el resto: la presunción de inocencia, ahora expresamente establecida en la Constitución, exigía plena prueba de hechos que estuvieran previstos en la ley como delito. Probar cualquier cosa de esas horas fatídicas es dificilísimo, al punto de que cuatro meses después no hay nadie condenado por la masacre de ese jueves y el Ministerio Público tuvo que llegar hasta el propio TSJ para revertir la impunidad de pistoleros filmados en acción. Con respecto a los militares de la sentencia, no pudo probar con un grado razonable de certeza nada distinto de reacciones naturales ante el vacío creado por Lucas Rincón. Sin pruebas concluyentes, los ocho mil años de Derecho obligan a exculpar, obra con toda su fuerza la presunción de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

El clima se hace más denso con el último antejuicio decidido por el TSJ, esta vez a gusto y placer de Chávez: el caso Luis Miquilena sentó un doble precedente, se requiere plena prueba para declarar que hay méritos para enjuiciar a un alto funcionario, no habiéndola y de acuerdo con el COPP, la causa se sobresee, se acaba. Este precedente fue seguramente razón poderosa para decretar terminado el juicio por rebelión. El peso de la jurisprudencia es enorme, una de las garantías más eficaces de un juicio justo, que exige tratar igual a lo igual.

Si a este clima se unen los argumentos de la defensa de los generales sobre la necesidad de levantarse en armas para que haya rebeldes, los días de abril no se echó un plomazo militar, y la falta de sanción penal para ese delito, se ve que dar paso al enjuiciamiento hubiera sido, más que un piconazo, un wild pitch con las bases llenas. Las consecuencias de la decisión son múltiples y no del todo previsibles. La cosa juzgada impide cualquier otra investigación sobre los mismos hechos contra los generales, sea judicial o administrativa. Sobre todo, es muestra contundente de independencia judicial, que se agradece en tiempos tan turbulentos.




 

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