Como 'grave' fue calificado por los magistrados disidentes el fallo que consideró lícito el hecho de que 4 altos uniformados desobedecieran la orden que dictó el Presidente de activar el Plan Avila, aquel 11 de abril, 'porque resultaba contraria a la protección de los derechos humanos'. Según fuentes confiables, el propio presidente del TSJ, Iván Rincón, estimó que aprobar una sentencia como ésta implicaba señalar al jefe del Estado 'como responsable de la presunta masacre evitada'.

Pero transcurrirá un mes antes de que el texto de la sentencia sea aplicado en este sentido, ya que para septiembre quedó pendiente el pronunciamiento de los 20 magistrados sobre la acción de imputación directa que interpusieron los abogados de los familiares de las víctimas del 11 de abril, en contra del Presidente, el vicepresidente y el fiscal general, por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad. La ponencia fue asignada al magistrado Antonio García García, quien ya declaró admitida la referida acción y propuso a la Sala Plena la designación de un magistrado que dirija las investigaciones contra los tres funcionarios, necesarias para emitir una sentencia. _IA