IRMA ALVAREZ

EL UNIVERSAL

El fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, ordenó tramitar las detenciones de los seis etarras, que fueron solicitados por el Gobierno español.

Para ello giró instrucciones a la Dirección de Delitos Comunes del Ministerio Público, instancia que designó a David Palís, fiscal 1vo con Competencia Nacional, para que se encargue de hacer las gestiones pertinentes ante los tribunales de control penal.

Tal y como lo explicó Rodríguez, las detenciones preventivas serán necesarias 'para poder tramitar las respectivas solicitudes de extradición, ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia'.

La diligencia será posible, porque la Dirección de Cultos del Ministerio del Interior y Justicia ya le entregó a la Fiscalía la información esperada, sobre los casos de Miguel Angel Aldana, Eugenio Barrutiabengoa, Jesús Ricardo Urteaga Repulles, Martín Sansebastián Aguirre, Luis María Olalde y José Lorenzo Ayesterán.

También les notificaron que fue retirada la solicitud de extradición en el caso de Ramón Sagarzazu Gaztelumendi.

Entre los documentos recibidos se encuentran las constancias de que existen: órdenes de detención en contra de los seis etarras citados, que fueron libradas por tribunales españoles; y la requisitoria oficial de extradición.

El fiscal fue enfático al asegurar que sí existe voluntad para actuar por parte del organismo que él dirige.

'El Ministerio Público tiene todo el interés, y quiero expresarlo de forma contundente, porque en algunos medios de comunicación internacionales se ha manejado la tesis de que el proceso estuvo detenido en esta institución', acotó.

Reiteró, acto seguido, que la competencia de la Fiscalía 'comenzó a partir del mes de noviembre del año 2001, ya que antes la detención necesaria para tramitar las extradiciones correspondía a las policías de investigación, del Ministerio del Interior y Justicia'.

'Cuando comenzaron a llegar las solicitudes de detención, especialmente la de José Lorenzo Ayesterán (dos solicitudes de detención en contra), hicimos las diligencias del caso y una vez que llegaron las nuevas se giraron las instrucciones', agregó.

Insistió en que no tienen conocimiento de si dos de los ciudadanos se encuentran o no en el país. 'La investigación, en todo caso, deberá ser efectuada por los organismos de seguridad, una vez que lo autorice el juez de control', aseveró.