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Caracas, martes 20 de noviembre, 2001  
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PARO NACIONAL /// El 28 será refrendado por instancias superiores
El 10 de diciembre será la huelga
'Esta protesta no tiene intención desestabilizadora. Es el ejercicio responsable y democrático del deber. No somos ni conspiradores ni desestabilizadores', dijo el presidente de Fedecámaras

MARIELA LEON

EL UNIVERSAL

En una decisión sin precedentes en la historia contemporánea del país, los empresarios acordaron por unanimidad ir a un paro cívico nacional el lunes 10 de diciembre, como medida de presión al gobierno, a los efectos de que rectifique su posición 'inconsulta y atropellada' en materia legislativa.

La determinación del sector productivo nacional, representativo de 90% del PIB no petrolero y empleador de casi 8 millones de venezolanos, venía gestándose desde la semana pasada, cuando se apeló a la suspensión del diálogo con los miembros del gabinete, a contrapeso de la decisión presidencial de imponer el ejecútese a un paquete de leyes de manera unilateral, provocando la 'frustración e insatisfacción' del empresariado.

Desde la mañana de ayer se presumía que no sería un lunes cualquiera. Los miembros del comité ejecutivo (antiguo pequeño directorio) y nueve ex-presidentes de Fedecámaras (Eddo Polesel, Vicente Brito, Rafael Marcial Garmendia, Adán Celis, Carlos Rangel, Armando Branger, Emilo Conde Jahn, Francisco Natera y Alfredo Paúl Delfino), con voz pero sin voto, se reunieron por separado, pero con el mismo fin de dirimir el alcance de una paralización total del país. Un hervor recorría el edificio del máximo organismo empresarial. Se incorporaron al directorio extraordinario ampliado, con avidez y puntualidad, los representantes de la banca, agricultura, comercio, construcción, energía industria, medios de comunicación, minería, pecuario, seguros, transporte, turismo y servicios de telecomunicaciones; así como los presidentes de las veinte Fedecámaras regionales, quienes recomendaron la realización de un paro de doce horas (a ser refrendado por la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional extraordinarios el próximo 28) y designar a Pedro Carmona como jefe conductor de esa estrategia.

La sala del directorio, repleta de delegados, sesionó a puertas cerradas y sin la tradicional grabación que se hace de los encuentros ordinarios. Surgió la propuesta de invitar a Carlos Ortega a sumarse al clamor empresarial. El nuevo presidente de la CTV aceptó y acudió. Afuera, la colocación de un presunto niple, hizo correr a más de uno y congregar a la Disip, Policía Metropolitana y Polichacao, para desactivar el artefacto.

Cambio de rumbo

Pedro Carmona no estaba solo. Los líderes del capital y la producción, ofrecieron sus caras y su apoyo a tan importante acuerdo. 'Con la autoridad que nos confiere y queremos decirlo de manera muy categórica, los intentos reiterados de diálogo, de búsqueda de espacios de participación y de requerimientos de consulta que han sido vulnerados y transgredidos, de una manera abierta por el Ejecutivo, el directorio extraordinario de Fedecámaras ha recomendado a sus órganos de máxima decisión, la convocatoria de un paro cívico nacional en protesta por la aprobación atropellada e inconsulta de las leyes de Tierras, Hidrocarburos, Pesca y Registro y Notarías; y por su contenido estatista, intervencionista, cargado de elementos ideológicos'. Solicitamos, manifestó, 'una rectificación al Ejecutivo, la cual debe materializarse en una revisión profunda del rumbo que se pretende dar al país. No podemos observar de manera pasiva el hecho de que a través de esos instrumentos legales se limite la participación del capital privado, afectando la generación de fuentes de riqueza y empleo, para poder atacar el grave problema social'.

_¿Y si no rectifica?

_No especulemos.

_¿Qué sectores se paralizarán?

_Todos. Aunque los detalles se definirán a posteriori.

No somos conspiradores

A diferencia del paro nacional (que incluyó a los empresarios) en 1958 para presionar la salida del extinto Marcos Pérez Jiménez, 'esta protesta nada tiene que ver con la legitimidad o con las circunstancias relacionadas con el gobierno. No tiene intención desestabilizadora. Es el ejercicio responsable y democrático del deber que siente el empresariado de hacer frente a una situación preocupante. No somos ni conspiradores ni desestabilizadores'.

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- Niple contra los explotadores
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