Recientemente ha sido planteada la conveniencia, para Venezuela, de renunciar a entenderse con el FMI, a propósito de la búsqueda de opciones para enfrentar las serias dificultades económicas por las que atraviesa el país. Varias aseveraciones sirven de fundamento a tal propuesta: 'las soluciones ofrecidas por el FMI nunca han abordado los problemas fundamentales de la economía' (...) 'las reformas propuestas por el FMI han tenido un efecto pernicioso' (...) 'el país no debería depender de otra limosna del FMI'ó.

Un planteamiento de tal entidad merece la mayor atención, no sólo por su eventual atractivo como mensaje nacionalista, de nuevo tipo, sino porque toca un aspecto muy sensible de las relaciones internacionales de Venezuela. Aunque son varias las perspectivas desde las cuales se puede enjuiciar su pertinencia, en esta ocasión nos limitaremos a comentar sólo la que se refiere a la responsabilidad del organismo multilateral por las políticas económicas aplicadas en Venezuela.

Como es sabido, el FMI se hizo presente en Venezuela, sólo después que los desequilibrios económicos habían aflorado, con suficiente intensidad y sin que las autoridades dispusieran de un margen de maniobra suficiente, especialmente por lo que se refiere a la disponibilidad de reservas internacionales. Esto ocurrió en dos oportunidades:

* A principios de 1989ú, mucho después que Venezuela había contraído un elevado nivel de deuda externa, principalmente entre 1976 y 1982, y cuando se había manifestado un grado de inflación importante, superior al 30% anual, a partir de 1987. La situación de pagos externa del país era tan crítica, para aquel entonces, que el país estaba bajo el supuesto de incumplimiento en cuanto a las obligaciones que había asumido en el Primer Acuerdo de Reestructuración de la Deuda Pública Externa de 1986-87.

* En abril de 1996, después que habían emergido, con toda su intensidad, las dificultades para sustentar las obligaciones financieras externas del país, y se había revelado la inconsistencia de la política económica aplicada en el bienio 1994-95, particularmente la del control de cambios.

No parece tampoco consistente el que se atribuya, al FMI, la responsabilidad por todos los desaguisados de la política económica aplicada en Venezuela, a partir de 1989 y 1996. La verdad parece ser otra, para ambos momentos:

* Las medidas en que se convino con el organismo multilateral, en 1989, sencillamente no fueron cumplidas o aplicadas en la extensión y profundidad que suponían los acuerdos suscritos con el FMI, lo cual tiene su origen en las restricciones que el sistema político venezolano impuso al equilibrio fiscal. Bastaría releer las sucesivas cartas de intención emanadas desde Venezuela: el ajuste fiscal nunca se realizó con la profundidad debidas, el fondo de estabilización macroeconómico se constituyó sólo de un modo simbólico y con una existencia efímera, las reformas económicas fueron acometidas sólo de modo parcial, y se vieron además alteradas, a partir de 1992, por eventos que escaparon al control del propio gobierno. Venezuela debió solicitar sucesivas dispensas al organismo unilateral, en vista del incumplimiento de las metas a las que se había comprometido. De hecho, los desembolsos del FMI se vieron interrumpidos desde fines de 1991, y las relaciones con dicho ente adquirieron, a partir de ese momento, un nuevo contenido, más difuso y de perfil más bajo, entre 1992 y principios de 1996.

* La Agenda Venezuela, a partir de abril 1996, retomó buena parte de los mismos contenidos de la carta de intención enviada al FMI en 1989, y, pese a los esfuerzos del gobierno, las recomendaciones de política económica sugerida por el FMI y los objetivos iniciales previstos, no pudieron ser plenamente alcanzados, resultado en el cual influyó no sólo la restricción política para alcanzar el equilibrio fiscal, sino también la temporal bonanza petrolera del bienio 1996-97, que reblandeció la profundidad del ajuste. Los eventos más recientes de 1998, atinentes al colapso del mercado petrolero y a la agudización de las dificultades fiscales, tampoco puede decirse que hayan sido culpa del FMI.

Aunque el tránsito de la condición de país deudor a la de país acreedor, dentro del FMI, sea deseable, no se puede llegar a ella trasladando, a un organismo multilateral de financiamiento, responsabilidades que son domésticas. Se puede discutir y objetar el contenido de los programas de ajuste del FMI, para lo cual ya existe una abundante literatura crítica, pero creo que sería difícil evaluar su conveniencia y bondad, a la luz de lo que ha sido la experiencia venezolana.

ó Véase artículo de Alejandro Sucre, publicado en The Wall Stret Journal y reproducido por El Nacional (16/8/89).

ú Entre septiembre de 1984 y principios de 1989 estuvo vigente un acuerdo de Supervisión y Vigilancia Ampliada que no entrañaba ni compromisos de política, ni metas macroeconómicas. Su alcance era informativo para la banca acreedora de Venezuela.