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Caracas, miércoles 25 de marzo, 1998  
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Los esfuerzos por capturar a Gómez López


En la historia judicial del país, el Banco Latino tiene no sólo el dudoso honor de ser la institución con mayor número de administradores procesados penalmente, sino además con la mayor cantidad de solicitudes de extradición.

Según el informe elaborado por la División de Trámites Legales del Ministerio de Justicia, el Latino acumula en total 21 peticiones de extradición, de las cuales hay 12 plenamente vigentes. Las otras nueve fueron declaradas improcedentes por la Corte Suprema de Justicia, debido a que se desconoce el paradero de los procesados: Agustín Alibert Hermoso, Daniel León Gallardo, Fernando Lauría Romero, María Angélica Pulgar Corao, María Teresa Pulgar Corao, Rosa María Rojo Peña, Merry Roffe de Silberman, Niloha Martínez de Morillo y Jesús Abreu Anselmi.

En el caso del ex presidente del Banco Latino, Gustavo Gómez López, éste acumula solicitudes de extradición por dos casos distintos: el Latino y el Banco Hipotecario de Occidente.

En su empeño por enjuiciar a Gómez López, las autoridades judiciales venezolanas han solicitado su extradición a España (en noviembre de 1996) y luego a Inglaterra.

Con este último país no existe convenio de extradición, razón por la cual en un primer momento Venezuela le planteó a sus autoridades la posibilidad de lograr un acuerdo ad hoc únicamente para Gómez López.

El gobierno británico rechazó la propuesta y sugirió establecer un convenio formal para lo cual envió al país un modelo de tratado, el cual fue revisado por Venezuela y devuelto con algunas modificaciones. Se espera que en el próximo abril venga al país una comisión especial para afinar los últimos detalles.

Este tratado de extradición también permitiría extraditar a José Alvarez Stelling, sobre quien pesan solicitudes por los bancos Consolidado y Venezuela.

Venezuela también intenta lograr un acuerdo con el gobierno israelí, al cual se le planteó la extradición de Giácomo León Rochelle y de Daniel León Bagdadi, ex directivos del Banco Latino.

Dada la inexistencia de un tratado de extradición bilateral, las autoridades locales intentan lograr la extradición de los mencionados apelando a los principios generales del Derecho, que establecen la colaboración entre los estados en el combate de la delincuencia, y con la promesa de establecer reciprocidad para este tipo de asuntos.

Esta salida jurídica, aparentemente salomónica, fue planteada por la misma Sala de Casación Penal de la CSJ.

La Corte también parece haber resuelto el problema de los prófugos nómadas, al establecer que si las autoridades se enteran de que una persona, cuya extradición ha sido aprobada, se muda hacia otro país con el cual existe convenio de extradición, se puede plantear la solicitud también a la segunda nación. AB




 

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