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Caracas, martes 31 de diciembre, 1996  
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Caracas
Resumen junio 1996: Caso La Poma: ¿crimen y castigo?


Berenice Gómez

El Universal

Caracas.- Luego de un intento de atraco en la panadería La Poma, ubicada en el bulevar de Sabana Grande, siete funcionarios de la Policía Metropolitana fueron acusados de haber ajusticiado a dos de los asaltantes, que habían dado muerte en el suceso a uno de los efectivos que ocurrió a evitar el atraco, la agente de la PM Charito del Carmen Martínez, con su propia arma de reglamento.

La versión oficial inicial del suceso se sostuvo que los delincuentes habían resultado muertos en el enfrentamiento que se produjo con los efectivos, cuando éstos frustraron el atraco de la panadería.

La noticia del ajusticiamiento, se conoció luego de que Radio Caracas Televisión mostró profusamente las imágenes de los dos asaltantes, trasladados en sus propios pies, a una jaula de la PM.

En la investigación interna fueron citados unos 40 efectivos de la PM, luego de que el Cuerpo Técnico de Policía Judicial inició las investigaciones por la presunta comisión del delito de homicidio intencional por parte de los policías que trasladaron a los delincuentes.

Por el caso fue interpelado el comandante general de la PM general de brigada GN Rafael Damiani Bustillos, quien negó poseer información acerca de la existencia de la aplicación de un 'código de honor', en la PM, mediante el cual se aplicara muerte a los homicidas de cualquier agente de ese cuerpo policial.

A los efectivos actuantes, les dictaron auto de detención, luego de lo cual el Juez Arnoldo Echegaray, les revocó la medida, a no encontrar suficientes elementos para detenerlos

Fantasma del sicariato colombiano

signó el asesinato de un abogado

Willmer Poleo Zerpa

El Universal

Caracas.- Transcurría la mañana del 20 de junio. Un hombre se desplazaba en su camioneta Bronco por una calle capitalina junto con su esposa y su menor hijo de tres años de edad a quien iban a dejar en un preescolar situado en la calle San Gabriel, de la urbanización La Florida.

El hombre estacionó la camioneta justo al frente de la guardería y la mujer aprovechó para darle el tetero al pequeño antes de llevarlo dentro. Una camioneta Renault 18 de color azul se estacionó justo delante de la Bronco y de la misma descendió un hombre que sin mediar palabra se acercó al conductor y le disparó a quemarropa en tres oportunidades. El chofer de la Bronco murió en el acto.

El asesinato del abogado José Alberto Totessaut, de 52 años de edad, conmovió a la colectividad venezolana por diversos motivos, pese a que fue un crimen más de los tantos que se cometen a diario en las calles capitalinas.

El crimen provocó enfrenamientos entre la PTJ y la Disip, una demanda por difamación e injuria, 'movida de mata' en la PTJ, la detención de numerosas personas, tres de las cuales quedaron firmes, y una ola de especulaciones en variados sentidos. Adquirió connotaciones especiales, debido a que, por un lado, casi de inmediato se comenzó a hablar de la presencia del sicariato colombiano en nuestro país. El mismo día del crimen el periodista José Vicente Rangel, suegro de la víctima, habló de 'muerte por encargo' y como autor intelectual del mismo acusó con nombres y apellidos al empresario Rafael Alcántara, quien al parecer debía una elevada suma de dinero al occiso. Esa misma tarde fue apresado por funcionarios de la Disip.

Por otra parte, dicho crimen provocó incluso una 'movida de mata' a nivel de cuadros medios y directivos de la Policía Técnica Judicial, organismo encargado de las investigaciones, poniéndose de manifiesto la vulnerabilidad policial ante determinadas presiones.

Es la misma vulnerabilidad que ha provocado cambios y recambios de los jefes policiales de varias regiones del país y que, más recientemente, en un oscuro suceso donde aparece vinculada una juez y el propio ministro de Justicia, sirvió para remover a un jefe de la Comisaría de Santa Mónica -poseedor de una excelente hoja de servicios-.

La compleja madeja

Luego de más de seis meses de investigaciones, el caso aún no está concluido policialmente, pues si bien es cierto que existen tres detenidos, no es menos cierto que la PTJ aún no ha logrado establecer los vínculos entre los autores materiales y los posibles autores intelectuales del crimen.

A pocos días del asesinato, las autoridades localizaron la camioneta utilizada por los asesinos y dentro de la misma un ejemplar del diario Panorama, en el que los técnicos lograron levantar una huella, que sirvió para identificar a uno de los participantes.

Rafael Alcántara recobró su libertad y anunció que demandaría al periodista Rangel por difamación e injuria; acción que, ciertamente, ejecutó días después. Un comisario jubilado de la Disip también fue detenido en relación al caso y, a los pocos días, liberado. Un mecánico y su esposa visitaron también los calabozos de la PTJ, al cabo de varios días ambos fueron liberados.

Además de ellos, estuvieron detenidos por el caso los delincuentes Robert Canelón (con quien la Disip intentó montar una trama para involucrar a Freddy Gutiérrez Torres y a un inspector de la PTJ) y Luis Salvador Grosella, así como los comisarios de la Disip Humberto Blas Porras (quien al parecer intentó aprovecharse de la situación para obtener dinero) y el ya jubilado Jesús Garnica Vásquez (a quien habían visto días antes en un restaurante donde estaba la víctima).

Mes y medio después, la esposa del abogado, acudió a la PTJ y al mostrarle varias fotografías dijo reconocer a Freddy Gutíerrez Torres, abatido días antes al enfrentarse a una comisión de Inteligencia de la PTJ, como el asesino de su esposo.

A principios del mes de agosto y por petición del ministro de Justicia, son destituidos de sus cargos el subdirector del organismo, Eleazar Cuotto Rendón; el jefe de la División contra Homicidios, Leonardo Díaz Paruta; el secretario general, Eduardo Rojas Ochoa. El entonces jefe de Regiones, Florencio García, fue designado subdirector del organismo y días después, fue comisionado para encargarse directamente de las investigaciones.

Lo cierto es que, aún cuando existen tres detenidos por el caso, la PTJ no ha podido capturar al presunto autor material, el sargento técnico del Ejército Pedro Mosqueda, cuñado del detenido Nelson Suárez Guerrero, y quien es considerado pieza importante para terminar de armar el rompecabezas del crimen y determinar de manera fehaciente cuáles fueron las verdaderas motivaciones del grupo que a sangre fría actuó la mañana del 20 de junio.




 

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